Cuando el miedo no termina al cruzar la frontera

“Tengo miedo de regresar a mi país.”

Esa frase, pronunciada por una mujer venezolana detenida por agentes de migración en Estados Unidos mientras intentaba regularizar su estatus, resume una realidad que no deberíamos ignorar: la migración forzada no siempre encuentra alivio al llegar a destino.

Esta mujer no cruzó la frontera para evadir la ley, sino para acercarse a ella. Fue detenida en las afueras de una corte mientras buscaba protección. Su historia es una de tantas. No es un caso aislado, sino parte de un fenómeno que afecta a miles de personas cuyas vidas han sido moldeadas por la inestabilidad.

Cuando migrar no garantiza seguridad

Existe una idea errónea: que quienes logran salir de contextos difíciles ya están a salvo. Pero la experiencia de muchas personas migrantes demuestra lo contrario. El trayecto no termina en la frontera. Y el miedo, muchas veces, tampoco.

Migrar desde América Latina —especialmente desde países donde las condiciones institucionales, económicas o sociales han sido profundamente desafiantes— es una decisión que nace de la necesidad, no del cálculo. Y cuando al llegar se enfrentan a procesos inciertos, detenciones imprevistas o amenazas de deportación, la herida se profundiza.

Legalidad y vulnerabilidad

El caso de esta mujer pone en evidencia una tensión fundamental: cuando una persona que sigue el cauce institucional para regularizarse es detenida en el intento, el sistema transmite un mensaje confuso. ¿Qué incentivos quedan para cumplir la ley, si el cumplimiento no protege?

Este tipo de situaciones afectan especialmente a quienes han sido desplazados por crisis políticas, sociales o humanitarias prolongadas. El Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo, ha sido una herramienta valiosa para muchas comunidades, pero también ha dejado a cientos de miles en un limbo legal cuando se cancela o se suspende su renovación.

¿Qué implica volver?

Volver al país de origen, en muchos casos, no es una opción segura. No hablamos solamente de condiciones materiales, sino de climas sociales e institucionales donde pueden existir mecanismos de control o exclusión que generan temor. Diversos organismos internacionales han expresado su preocupación ante estas realidades.

El miedo de quienes se ven forzados a regresar no es infundado. Es producto de experiencias vividas o conocidas, de trayectorias marcadas por la inseguridad, la incertidumbre y, en ocasiones, la estigmatización.

Migración, dignidad y política exterior

La política migratoria no puede reducirse a cifras o categorías. Detrás de cada trámite, hay una persona. Detrás de cada proceso, una historia. Las instituciones deben proteger esa dimensión humana sin perder el equilibrio jurídico, y los países receptores tienen la oportunidad de ejercer liderazgo ético.

Hoy más que nunca, necesitamos que la política exterior y los marcos migratorios se construyan con empatía, visión a largo plazo y respeto por la dignidad humana.

No escribo esto desde la crítica, sino desde la preocupación.

No desde la denuncia, sino desde la convicción de que un sistema justo no puede castigar a quienes buscan hacerlo bien.

Quien cruza una frontera para proteger su vida, no debería vivir con miedo a perderla al regresar.

Y quien se presenta ante una corte buscando legalidad, no debería salir de allí esposado.