Tecnofeudalismo aplicado a la política

Hay una pregunta que me resulta cada vez más incómoda cuando analizo conflictos políticos contemporáneos: ¿con quién negocia realmente un Estado cuando negocia?

La respuesta que aprendimos en la universidad sigue siendo la oficial. Los estados negocian con otros estados. Las cancillerías despachan embajadores. Los tratados llevan sellos y firmas de ministros. El mundo westfaliano, con sus fronteras soberanas y sus actores estatales, sigue siendo el marco de referencia.

Pero ese marco describe cada vez menos lo que ocurre en la práctica.

Yanis Varoufakis acuñó hace unos años el término "tecnofeudalismo" para describir algo que ya era visible pero que nadie había nombrado con suficiente claridad: las grandes corporaciones tecnológicas han adoptado roles similares a los señores feudales de la Edad Media, concentrando el poder económico y social mediante redes digitales que obligan a usuarios, trabajadores y estados a operar bajo sus reglas. La metáfora no es decorativa. Es estructural.

El argumento completo vale la pena entenderlo. En el feudalismo clásico, el señor no vendía nada. Cobraba renta por el acceso a la tierra, que era el recurso del que dependía la producción. Quien quería cultivar, criar ganado o simplemente sobrevivir, tenía que pasar por el señor. Varoufakis argumenta que estas empresas generan riqueza no mediante la venta de bienes, sino controlando el acceso a sus plataformas y extrayendo valor de los datos de los usuarios. Google no vende búsquedas. Amazon no vende envíos. Venden acceso al territorio donde transcurre la vida económica moderna. Y cobran renta por ese acceso.

Hasta aquí, economía política. Lo que me interesa más es la dimensión geopolítica.

Ian Bremmer bautizó este fenómeno como el "momento tecnopolar": un reordenamiento del poder global marcado por el ejercicio de una forma de soberanía por parte de los gigantes tecnológicos que se expanden más allá del alcance de los reguladores. No es una hipérbole académica. Las grandes tecnológicas están diseñando, construyendo y administrando una dimensión completamente nueva de geopolítica, economía e interacción social. Escriben los algoritmos que deciden lo que la gente ve y escucha, determinan oportunidades económicas y personales, e influyen en la forma de pensar de millones.

Un estado que quiere regular a Meta negocia con Meta como si estuviera negociando con una potencia extranjera. Con sus propios abogados, sus propios economistas, su propia capacidad de presión mediática y su propia red de influencia en los parlamentos. La Unión Europea tardó años en imponer el GDPR y todavía hoy las multas llegan con décadas de retraso. Irlanda, sede fiscal de buena parte de estas corporaciones, funciona en la práctica como un estado mediador entre Bruselas y el sector tecnológico.

El caso de Ucrania lo ilustra de manera brutal. Starlink de Musk fue un recurso militar crítico para Kiev. Pero cuando Musk se negó a mantener el servicio para apoyar una misión de drones ucraniana, quedó en evidencia la fragilidad de externalizar funciones esenciales de seguridad nacional a actores corporativos. Un gobierno en guerra descubrió que parte de su capacidad militar dependía de la decisión unilateral de un empresario que no respondía ante ningún parlamento ni tratado internacional. Eso no tiene precedente en el orden westfaliano clásico. Tiene precedente, en cambio, en la Compañía de las Indias Orientales, que en el siglo XVII gestionaba ejércitos, territorios y tratados diplomáticos con más autonomía que muchos estados europeos de la época. Foreign Affairs

El tecnofeudalismo no es solo un marco para entender la economía. Es un marco para entender quién tiene poder real en un conflicto, quién puede vetarlo o facilitarlo, y con quién hay que hablar cuando los canales oficiales no bastan.

Esa pregunta, en 2026, tiene respuestas que hace veinte años habrían parecido ciencia ficción.